La propuesta del Partido Popular para terminar con la obligatoriedad de las televisiones privadas de financiar el cine español y europeo ha vuelto a convulsionar el sector del cine español. La obligación incluída en la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, afecta a las cadenas privadas que deben invertir un 5% de sus ingresos en producciones audiovisuales. La posible desaparición de los casi 60 millones que invierten estas cadenas podría significar el colapso de la industria del cine española, si no se asegura su pervivencia mediante otras soluciones a corto plazo. La aportación de las cadenas privadas junto con los 40 millones de TVE -que desde 2010 invierte un 6%- y los 76 millones del Fondo Nacional de la Cinematografía forman la aportación segura con la que cuenta el sector además de la inversión privada. Habrá que esperar para conocer el final de esta historia.