Cuando en 1991 el Guggenheim llegaba a Bilbao el Gobierno Vasco firmaba entonces un acuerdo en el que se fijaba una especie de “régimen de franquicia” para el funcionamiento del día a día del museo. Según el contrato acordado, y muy a grosso modo, la parte económica dependería del Gobierno autonómico mientras que, la artística, correría a cargo de la Fundación. Este primer acuerdo finaliza en 2014 y por ello el Gobierno lleva casi dos años intentando fijar la línea de actuación para renegociar con los norteamericanos dicho acuerdo. Finalmente se ha aprobado un texto, con el PNV en contra, por el que se pedirá un equilibrio mayor entre las dos partes. Para el PNV el principal problema del texto reside en el hecho de que parece que la relación entre instituciones es de dependencia cuando, en realidad, debe destacarse que es de colaboración. Sin embargo, el resto de partidos han defendido que las nuevas peticiones sólo abogan por buscar un nuevo equilibrio que garantice el buen funcionamiento de un modelo a medio camino entre lo privado y lo público.